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Fe de ratas

05 de Mayo de 2017 a las 10:25hs. Leído 1714 veces
Alejandro E. Oviedo Alejandro E. Oviedo
Téc. en Gestión Ambiental/Activista Cannábico

Este año transitamos un camino caleidoscópico que poco aclara el panorama del cannabis en la Argentina. Por un lado, tenemos la promulgación de la ley 27.350: Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Deribados, publicada en el Boletín oficial el 19 de Abril pasado, sancionada el 29 de Marzo (día en que se detuvo y allanó a la activista Brenda Chignoli, algo impensado). Si bien dicha ley sienta un precedente y establece una base sobre la cual se tiene que seguir luchando, se dejan de lado varios temas, fundamentalmente, el derecho al autocultivo.

Por otro lado, tenemos a la activista, Adriana Funaro, quien fue allanada y detenida en su domicilio el 20 de Febrero pasado, atravesó un injusto arresto domiciliario de dos meses y cinco días, que transcurrieron en la casa de su hija Micaela. Pocos días atrás la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, Buenos Aires, dictó su inmediata libertad por asumir que su cultivo no afecta la salud pública.

La Sala III de la Cámara había considerado el recurso que interpuso su defensora oficial, María Victoria Baca Paunero, contra la prisión preventiva dictada el 30 de marzo pasado por el juez penal Horacio Hryb, de los tribunales de Lomas de Zamora.

Dicho esto, no está demás mencionar que Adriana cultiva cannabis para tratar los dolores que le produce la artrosis en su pierna, además de formar parte de un colectivo de cultivadores solidarios que asesora y brinda aceite cannábico a decenas de usuarios medicinales con microcefalia, cáncer, fibromialgia, epilepsia, autismo y otras patologías.

En otra arista la ubicamos a Brenda Chignoli, quien el día 29 de Marzo, mientras se sancionaba la Ley de Uso Medicinal de Cannabis, fue allanada en su domicilio de Villa Esquiú, Córdoba, donde se le incautaron plantas de cannabis, flores, goteros y frascos con aceites, rotulados con los nombres de los usuarios medicinales.
Brenda, quien padece VIH desde hace diez años, y usa cannabis para sobrellevar las dolencias de la enfermedad, es una reconocida cultivadora solidaria, que nunca ocultó lo que hace. Dio conferencias y recibió distinciones en varias universidades del país. Incluso fue homenajeada por el Concejo Deliberante de Córdoba.

Tan sólo nueve días después la Justicia federal dio un nuevo paso sin precedentes: el juez federal Alejandro Sánchez Freytesun, juez de Córdoba, dictaminó que se le devuelva el aceite confiscado por la policía para continuar con el tratamiento de una adolescente con epilepsia refractaria. Dicho paso sentó un precedente más, ya que en las provincias de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero recurrieron a la justicia para solicitar que se les entreguen los aceites confeccionados por Chignoli para tratar a usuarios en esas provincias.

Esta espera agónica se cobró una vida, la de una persona que había decidido iniciar su tratamiento con cannabis que no llegó a tiempo. Y, para rematar, la justicia que ordena la devolución de los aceites ahora la imputa por los delitos de “siembra y cultivo de estupefacientes”.

En la arista siguiente nos encontramos con el activista Lautaro Ferraro, detenido en Buenos Aires hace más de
dos meses cuando se encontraba en su domicilio del partido de San Martín por tener tres plantas de marihuana que estaban destinadas al consumo personal y a la producción de aceite de cannabis para su madre, quien padece una enfermedad tratable con cannabis. Como todos los anteriores casos se lo acusa de ser narcotraficante pero en realidad estamos ante un estudiante del conservatorio de San Martín que toca el piano, estudia economía en la UNSAM, y, además, es martillero público.

En otra cara de esta geométrica figura aparece la novedad de que el 16 de Abril se aprobó en el marco del Compromiso Federal para la Modernización del Estado y por pedido de los laboratorios, que la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnologías Afines (ANMAT) –el organismo descentralizado que se encarga de evaluar y aprobar los nuevos productos y medicamentos que circulan en el país– tenga un máximo de 70 días hábiles para autorizar los estudios clínicos. Si no lo hace en ese lapso, serán aprobados automáticamente.

En la actualidad, los ensayos clínicos demoran 160 días hábiles, las pruebas pueden ser para drogas nuevas o, como sucede de modo habitual, para medicamentos registrados en otro país que se desea comercializar en la Argentina. En todo el proceso, donde deben cumplirse protocolos que involucran la participación de comités de ética, se evalúan seguridad, calidad y eficacia.

Aun no salió dicha resolución y varios especialistas lo consideran un escándalo que pondría en riesgo a la población en pos del beneficio privado. Vale recordar que cuando se sancionó la Ley 27.350 desde el gobierno nacional han insistido mucho con la importancia de realizar investigaciones con el aceite de cannabis para garantizar su seguridad y calidad, teniendo todas las precauciones del caso.

Ahora bien, si mezclamos todo esto y miramos al final del caleidoscopio sabiendo que algunos activistas no son detenidos pero si imputados, que los elementos sustraídos comienzan a restituírseles a los dueños y usurarios medicinales, que se comienza a contemplar de alguna manera aislada el autocultivo, nos preguntamos ¿Por qué a Adriana Funaro, a Brenda Chignoli, a Lautaro Ferraro, a todos los usuarios medicinales y a todos los cultivadores solidarios y recreativos no se les permite realizar estas actividades que dentro de pocos años vamos a tener legisladas? ¿Cuánto tiempo y dinero más se va a desperdiciar? Ni hablemos de las vidas que padecen este “trámite” en el medio. A los legisladores, a los juristas, a las fuerzas de seguridad y tod@s los ciudadanos les digo: Hasta la victoria… Siembren! (conciencia)


Foto: Infobae.
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